Una crítica al pacto mundial para la migración segura, ordenada y regular. Efectos en la frontera Tijuana-San Diego

Introducción

El Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular (en adelante el Pacto Mundial), adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 2018, es un instrumento intergubernamental que establece un marco integral para la gestión de la migración global. Este Pacto Mundial, fue negociado y acordado internacionalmente para cubrir todos los aspectos de la migración internacional, desde las movilidades regulares e irregulares, la trata y tráfico de personas, los factores impulsores de la migración, entre otros. De allí que conste de veintitrés objetivos que, en su conjunto, buscan mejorar la cooperación internacional, garantizar los derechos humanos de las personas migrantes y promover su inclusión y bienestar.

El pacto, encuentra mayor encauce en regiones o ciudades que albergan todas las dimensiones del fenómeno migratorio. En este sentido, la ciudad de Tijuana es un importante punto de tránsito y destino para personas migrantes y solicitantes de asilo. Desde 2018 y hasta el cierre de enero de 2024, sumaban 568,971 personas solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado en México (Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, 2024), siendo muchas de ellas, personas que buscan ingresar a Estados Unidos por la frontera de Tijuana-San Diego, por ello, la ciudad enfrenta desafíos importantes en cuanto a la capacidad y recursos para atender a dichos grupos poblacionales.

Al adherirse el Estado mexicano a las directrices de este Pacto Mundial, específicamente la ciudad de Tijuana puede beneficiarse de prácticas y políticas basadas en el contenido de dicho instrumento que contribuyan a brindar respuestas más efectivas y humanas a los desafíos migratorios, mejorando así las respuestas locales y regionales, como las primeras atenciones a los flujos de reciente llegada y los espacios destinados para albergues temporales. Sin embargo, es oportuno mencionar que la aplicación y ejecución de los gobiernos al contenido de este pacto, ha presentado diversas dificultades, que van desde limitaciones presupuestarias, debilidades inherentes a todo instrumento no vinculante y carente de coercibilidad, así como factores políticos e ideológicos.

El propósito de este trabajo es analizar los efectos que ha tenido el Pacto Mundial en la gestión de la movilidad humana en la frontera Tijuana-San Diego. Para tales efectos, primeramente, se revisó y analizó el origen, desarrollo y contenido completo de dicho instrumento jurídico internacional, posteriormente, se contextualizó la frontera Tijuana-San Diego, para, finalmente, reflexionar acerca de los principales obstáculos políticos y económicos que se han experimentado para la debida implementación del pacto y los retos del presente y del futuro en temas de movilidad humana en esta región.

Metodología

La metodología empleada fue la revisión documental, tanto jurídica como académica, así como datos oficiales de diversas instituciones y organizaciones, para a partir de un enfoque deductivo-analítico llegar a conclusiones emanadas de la revisión de las fuentes consultadas. La hipótesis de este trabajo es que el Pacto Mundial terminará por ser simplemente una carta de buenas intenciones, ya que su suscripción se dio en el contexto de una presión política de los países por reaccionar al tema migratorio y no por una intención genuina de los gobiernos de propiciar el escenario idóneo para una migración ordenada, regular y segura. De allí que, al momento de llevar el Pacto Mundial a una aplicación eficaz, lo que ha resultado es una gama de obstáculos difíciles de lidiar que pueden conducir a la banalización y el menosprecio de un instrumento que además adolece de efectos vinculantes para los Estados firmantes.

Resultados

a) Origen y desarrollo del Pacto Mundial

La migración es una realidad mundial. Se estima que hay 281 millones de personas migrantes internacionales en todo el mundo (McAuliffe, M. y Triandafyllidou, 2021). Sin embargo, muchas de ellas siguen sufriendo abusos y encontrándose en situación de vulnerabilidad.

Regularmente, los países identificados como territorios de destino de personas migrantes observan a la migración como un problema de seguridad nacional y, por ende, edifican políticas migratorias contenciosas que criminalizan o bloquean a estas personas. No obstante, otras posturas esgrimen que, si se gestiona correctamente, la migración puede ser un motor de crecimiento económico, de innovación y de desarrollo sostenible, pues permite que las personas busquen nuevas oportunidades y estrecha los lazos entre países y sociedades.

Bajo este contexto de división de opiniones, el 19 de septiembre de 2016, los Jefes de Estado y de Gobierno se reunieron por primera vez en la Asamblea General de las Naciones Unidas para deliberar sobre la migración y los refugiados (McAuliffe, M. y Triandafyllidou, 2021). Este proceso concluyó el 10 de diciembre de 2018 con la adopción del Pacto Mundialque obtuvo la aprobación por parte de la mayoría de los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas en una conferencia intergubernamental celebrada en Marrakech, Marruecos (Naciones Unidas, 2018).

El proceso de negociaciones del Pacto Mundial fue cofacilitado por los representantes permanentes ante Naciones Unidas de Suiza y México, los Embajadores Jürg Lauber y Juan José Gómez Camacho (Secretaría de Relaciones Exteriores, 2018). En otras palabras, desde un principio México trabajó de manera comprometida y participativa en la elaboración y adopción del Pacto Mundial.

Ahora bien, este instrumento internacional no surgió de la nada, detrás de él se identifican múltiples esfuerzos por establecer directrices convenientes para los Estados al momento de gestionar la migración. Algunos de los primeros intentos se remontan a la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de 1984, seguida por la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familiares de 1990 y el Primer Diálogo de Alto Nivel sobre Migración y Desarrollo, celebrado en 2006, empero, a diferencia de estos primeros esfuerzos e iniciativas que no lograron una discusión sobre migración internacional desde una perspectiva integral y quedaron solo en intentos aislados, el Pacto Mundial sí concretó la adopción de un acuerdo multilateral (De la Mora, 2020).

A su vez, con el transcurrir de los años se presentaron resoluciones concomitantes en la Asamblea General y en el Consejo de Derechos Humanos, sin embargo, todas de valor limitado, pues no sostenían una perspectiva de nivel multilateral. Lo anterior debido a que, aunque los Estados tendían ya a aproximarse a la migración desde una perspectiva de derechos humanos, desarrollo económico o gestión, no existía un marco acordado para la gobernanza integral de la migración.

Un hito importante fue la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en 2015:

Reconocemos la positiva contribución de los migrantes al crecimiento inclusivo y al desarrollo sostenible. Reconocemos también que la migración internacional es una realidad pluridimensional de gran pertinencia para el desarrollo de los países de origen, tránsito y destino que exige respuestas coherentes e integrales. Cooperaremos en el plano internacional para garantizar la seguridad, el orden y la regularidad de las migraciones, respetando plenamente los derechos humanos y dispensando un trato humanitario a los migrantes, sea cual sea su estatus migratorio, y a los refugiados y los desplazados. Esa cooperación también deberá fortalecer la resiliencia de las comunidades que acogen a los refugiados, particularmente en los países en desarrollo. Subrayamos que los migrantes tienen derecho a regresar a su país de nacionalidad y recordamos que los Estados deben velar por que se reciba adecuadamente a los nacionales que regresen a su país(Naciones Unidas, 2015).

Así mismo, la Agenda 2030 establece una meta especial dedicada a la migración que es la 10.7 y que versa de la siguiente manera: “Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas” (Naciones Unidas, 2015).

Después de los precedentes internacionales, fue en la Declaración de Nueva York sobre Refugiados y Emigrantescelebrada en septiembre de 2016, que la Asamblea General de las Naciones Unidas se pronunció con la intención de desarrollar un pacto que permitiera regular los movimientos migratorios con base en la cooperación de los países aliados. Es allí, donde el Presidente de la Asamblea General nombró a los Representantes Permanentes de México y Suiza como cofacilitadores del proceso, quienes tendrían la misión de diseñar y conducir las negociaciones (De la Mora, 2020).

Para formular el Pacto Mundial se establecieron modalidades que estructuraran la negociación. Se propusieron tres fases para la resolución de modalidades: consulta, balance y negociación (De la Mora, 2020). La primera fase reuniría a Estados y a otras partes interesadas, tales como la sociedad civil, empleadores y sindicatos, a fin de compartir datos, evidencias y aportar sus perspectivas (De la Mora, 2020).

La segunda fase sucedió de diciembre de 2017 a enero de 2018 y buscó incorporar perspectivas de seguridad humana. Finalmente, la fase de negociación se realizó en el periodo febrero–julio de 2018 en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. Esta se caracterizó por tomar en cuenta los comentarios escritos y orales presentados por las delegaciones y otras partes interesadas (Naciones Unidas, 2015). Se buscaba que este Pacto Mundial, aunque no fuera un documento jurídicamente vinculante, sí fuera viable y materializable.

El 10 de diciembre de 2018, líderes mundiales se dieron cita en Marrakech, Marruecos, para adoptar el Pacto Mundial en la Cumbre de Marrakech, que fue la culminación de décadas de esfuerzos que dieron como resultado el primer documento negociado de Naciones Unidas que atendería todas las dimensiones del fenómeno migratorio (De la Mora, 2020). A manera de síntesis del Pacto Mundial, se agrega el siguiente diagrama:

Diagrama 1. Objetivos del Pacto Mundial

Fuente: Elaboración propia con datos de Naciones Unidas (2018).

b) La frontera Tijuana-San Diego

La frontera Tijuana-San Diego constituye un espacio clave para todo tipo de flujos migratorios. En esta zona transitan o permanecen personas migrantes internacionales con intenciones de cruzar a Estados Unidos, personas refugiadas, personas desplazadas internas que huyeron de contextos de violencia del centro y sur de México, personas deportadas de Estados Unidos, entre otros tipos de movilidades que le dan el calificativo a Tijuana como una ciudad migrante.

Para ilustrar lo anterior, es preciso referir que, con base en datos del Bureau of Transportation Statistics, en 2019, tan solo desde el puerto de San Ysidro que es el distrito directo de San Diego que colinda con Tijuana, se registraron 10, 799,398 cruces peatonales y 40, 942 771 cruces vehiculares (Hernández, 2021). Aunado a lo anterior, según el último Censo de Población y Vivienda llevado a cabo en México en 2020, Baja California está entre las primeras cinco entidades federativas con mayor ganancia de población respecto a quienes residían en marzo de 2015 con un saldo neto migratorio de 3.5 (INEGI, 2020).

En términos generales, las personas tanto mexicanas o extranjeras que migran hacia Tijuana lo hacen con la intención de cruzar hacia Estados Unidos, no obstante, las políticas de este último país cada vez se endurecen más y hacen más complicado cumplir con esa intención.

Estas complicaciones para ingresar a Estados Unidos generan que la estancia de estas personas en Tijuana se alargue de manera indefinida, quedando prácticamente atrapadas, varadas, bloqueadas o perdidas en el tránsito (Barrios y Lizárraga, 2021).

Todo este contexto hace de esta frontera un espacio determinante para el estudio de la migración, pero también un terreno que evidencia las desigualdades sociales en un mundo globalizado y la crisis migratoria mundial. En ese sentido, el Pacto Mundial parecía ser una respuesta parciala la crisis migratoria mundial y, a la gestión de fenómenos regionales como el que se vive actualmente en Tijuana.

Empero, la aplicabilidad del Pacto Mundial no ha sido tan efectiva como se pensó durante el proceso de negociaciones y génesis de este instrumento. Una gama de obstáculos, como la abstención de países protagonistas en el tema migratorio en el diseño y aplicación del pacto, la falta de coercibilidad de este instrumento y las limitaciones presupuestarias. Estos obstáculos han propiciado que el Pacto Mundial quede reducido a una carta de buenas intenciones, producto de una presión política de los países por reaccionar al tema migratorio y no por una intención genuina de los gobiernos de propiciar el escenario idóneo para una migración ordenada, regular y segura.

En el siguiente apartado se hace un análisis más detallado de estos obstáculos a los que se ha enfrentado el Pacto Mundial, particularmente, en regiones como la frontera Tijuana-San Diego.

Discusión

a) Obstáculos políticos y económicos en el cumplimiento del Pacto Mundial por diferencias entre las agendas políticas de México y Estados Unidos

A pesar de todo el proceso de diálogo, discusión y aprobación del Pacto Mundial, han existido serios obstáculos para su ejecución, sobre todo en contextos regionales de mucha complejidad como es el caso de la frontera Tijuana-San Diego. Se identifican dos clases de obstáculos para el cumplimiento del Pacto Mundial: los políticos y los económicos.

En lo que respecta a las vicisitudes políticas, es pertinente referir que, Estados Unidos no participó en la negociación del acuerdo, por orden del entonces presidente Donald Trump, pues se consideró que este instrumento colisionaba directamente con los principios de su política migratoria, sosteniendo que el enfoque global del problema no era compatible con la soberanía de Estados Unidos.

El hecho de que uno de los principales países de destino de personas migrantes a nivel mundial no participe en este instrumento, implica una limitante para la aplicación de los objetivos del pacto. Lo anterior evidencia que, al país a donde llegarán miles de personas migrantes no tendrá que asumir compromisos acordados en las negociaciones del Pacto Mundial, lo que le resta eficacia y fortaleza.

En dirección contraria al Pacto Mundial, las políticas migratorias estadounidenses se han endurecido aún más en los últimos años, una muestra de ello fue el papel reactivo que tuvo el gobierno de este país con las caravanas migrantes de personas centroamericanas entre 2018 y 2019, pues las posicionaron como una prioridad de seguridad (BBC News Mundo, 2018). El entonces presidente Donald Trump durante su mandato amenazó con incrementar aranceles a los productos mexicanos si México no controlaba el avance las caravanas (BBC News Mundo, 2019).

Ante la amenaza de Trump acerca del incremento de estos aranceles y en medio de la ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá que buscaba sustituir al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el gobierno mexicano aceptaría, el 7 de junio de 2019, un acuerdo migratorio para evitar la imposición de aranceles (Ortega y Morales, 2021). Bajo esta tónica, el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador confirmó el despliegue de la Guardia Nacional hacia las fronteras norte y sur del país como parte de una estrategia de control migratorio, con lo cual se pasó, de una política de seguridad acerca de la migración, a una de militarización fronteriza (Ortega y Morales, 2021).

De hecho, Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación en la administración federal pasada, anunciaría que, en materia de migración, se aplicaría un “modelo especial mexicano”, basado en el Pacto de Marrakech, es decir, una migración regular, segura y ordenada (Ortega y Morales, 2021). Sin embargo, la manera en que el gobierno mexicano aplica el Pacto Mundial es de manera superficial, es decir, siguiendo solo la narrativa de ordenar, regular y asegurar la migración, como en ese caso, en particular, se reflejó en la desarticulación de las caravanas (Ortega y Morales, 2021).

El Pacto Mundial es un instrumento internacional que pretende ser más comprensivo de las dinámicas migratorias, ya que incluso en su contenido se plantea como primer principio: “centrarse en las personas” (Naciones Unidas, 2018) y, con esto, impulsar una perspectiva de seguridad humana y no de seguridad pública o nacional, como es el caso de la militarización de las fronteras en México con la participación de la Guardia Nacional mexicana, provocada por las presiones del gobierno estadounidense.

La contradicción radica en que, mientras el Pacto Mundial promueve un enfoque de gestión migratoria basado en la cooperación internacional y los derechos humanos, las políticas migratorias de Estados Unidos se endurecen, utilizando amenazas económicas para presionar a México a tomar medidas más restrictivas, aprovechando un histórico contexto de asimetría entre ambos países, primordialmente por la dependencia económica, que se traduce en que la política migratoria de Estados Unidos comience a desarrollarse desde territorio mexicano (Gutiérrez et al, 2023). Esta dualidad resalta las tensiones entre las políticas nacionales de control migratorio y los esfuerzos internacionales por establecer un marco más humanitario y colaborativo.

En ese sentido, el Pacto Mundial, para ser operativo, intenta proponer un balance entre seguridad nacional y seguridad humana. Es por tal razón que, en el caso mexicano, distintas instituciones de derechos humanos han externado su preocupación por la intervención de la Guardia Nacional en operativos migratorios. En particular, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha insistido en que el artículo primero constitucional reconoce a toda persona en México como sujeto de derechos humanos, incluyendo a las personas migrantes (Ortega y Morales, 2021). En los primeros meses, tras el desplazamiento de la Guardia Nacional a las fronteras norte y sur de México, se presentaron más de 24 quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos realizadas en los operativos de seguridad de esta autoridad (Ortega y Morales, 2021).

Un ejemplo de lo anterior es que, durante febrero de 2022, en Tapachula, Chiapas, ocurrió un enfrentamiento de migrantes haitianos y africanos con la Guardia Nacional. Debido a que, las personas migrantes encontraron en la basura, documentos que habían entregado previamente a dichas autoridades con el fin de agilizar sus procedimientos de regularización migratoria (Amador et al., 2023). Ante esa situación, personal de la Guardia Nacional se interpuso y les impidió a las personas migrantes el ingreso a las oficinas del Instituto Nacional de Migración, dando como resultado veinte personas extranjeras golpeadas según informes documentados por Irineo Mujica de la organización Pueblos Sin Frontera (Amador et al, 2023).

A pesar de lo anterior y, bajo el contexto de presión de Estados Unidos y el aumento de aranceles, el gobierno mexicano no solo ordenó el despliegue de la Guardia Nacional de facto, sino que además le confirió facultades migratorias en la Ley de la Guardia Nacional (2022), en concreto, en el Capítulo III denominado Atribuciones y Obligaciones de la Guardia Nacional, que establece en el artículo 9º que: La Guardia Nacional actuará en aduanas, recintos fiscales, secciones aduaneras, garitas o puntos de revisión aduaneros, en auxilio y coordinación con las autoridades responsables en materia fiscal, naval o de migración, en los términos de la presente Ley y las demás disposiciones aplicables (Ley de la Guardia Nacional, 2022) y

Asimismo, la fracción XXXV también dispone lo siguiente:

Realizar, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración, la inspección de los documentos migratorios de personas extranjeras, a fin de verificar su estancia regular, con excepción de las instalaciones destinadas al tránsito internacional de personas y, en su caso, proceder a presentar a quienes se encuentren en situación irregular para los efectos previstos en la ley de la materia; y apoyar el aseguramiento que realice el Instituto Nacional de Migración y a petición del mismo, resguardar las estaciones migratorias y a los extranjeros que en ellas se encuentren (Ley de la Guardia Nacional, 2022).

Esto deja claro que la Guardia Nacional está facultada para intervenir en temas migratorios y, que, por ende, estas decisiones en materia de política migratoria de México, a pesar de que sean resultado del ejercicio de una presión por parte del gobierno de Estados Unidos, constituyen un límite para la aplicabilidad del Pacto Mundial. Por lo que, los obstáculos de este instrumento multilateral ya no solo se encuentran en la decisión y el territorio de un país que no consintió ser parte del pacto, sino también en la jurisdicción de aquellos Estados que dependen económica y políticamente de ellos, aún y cuando estos últimos Estados si hayan aceptado ser parte de este Pacto Mundial.

Otro obstáculo que es de naturaleza jurídica es el carácter no vinculante del Pacto Mundial, pues, aunque alguna parte de quienes defienden esta postura, expresan que esa cualidad no vinculante puede ser entendida como una fortaleza más que una debilidad, ya que proporciona una flexibilidad con respecto a las acciones y objetivos que pueden ser implementados según el interés de cada país (Martínez, 2020). No obstante, desde otra óptica, la falta de coercibilidad puede traducirse en una implementación inconsistente y desigual entre los países, ya que algunos Estados pueden estar comprometidos de buena fe, mientras que otros simplemente están ignorando las recomendaciones sin enfrentar repercusiones.

En definitiva, aunque la flexibilidad del Pacto Mundial puede ser vista como un punto positivo, permitiendo a los Estados adaptar las recomendaciones a sus contextos nacionales específicos, también puede ser una fuente de ambigüedad. Sin reglas jurídicas claras, la interpretación y aplicación del Pacto Mundial puede variar significativamente, disminuyendo su eficacia, ya que no hay mecanismos claros para responsabilizar a los Estados que no cumplan con los principios y esto puede limitar la capacidad de la comunidad internacional para presionar a los Estados a mejorar sus políticas migratorias.

Por lo que hace a la segunda clase de obstáculos para el cumplimiento del Pacto Mundial, es decir, a las vicisitudes económicas, vale la pena apuntar que, la mayoría de los objetivos planteados en dicho instrumento, no son materializables sin compromisos presupuestarios específicos. Esto es especialmente relevante para los países en desarrollo, como México, que pueden enfrentar mayores desafíos en la gestión de las migraciones y la implementación de los principios que el Pacto Mundial propone, ya que muchos de ellos pueden depender no solamente de voluntad política, sino de la disponibilidad de recursos financieros internos.

Solo para poner un ejemplo, en el caso mexicano, el gobierno federal asigna anualmente a órganos como la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (en adelante COMAR) un monto cercano a los 44 millones de pesos y al Instituto Nacional de Migración, un presupuesto cercano a los $1,600 millones de pesos, ahora bien, una parte muy importante de dicho presupuesto es ejercido en operativos de control y verificación, para mantener en funcionamiento las estaciones migratorias y para la deportación de personas (Hernández, 2023). En otras palabras, el recurso financiero además de ser reducido para un tema crucial en México, como es la migración, se utiliza para objetivos de control migratorio producto de la presión de Estados Unidos sobre México, que, para los fines y metas del Pacto Mundial,

Por su parte, la COMAR posee escasos recursos para responder a la sobredemanda de solicitudes de refugio, al punto de que, al menos para 2021, por cada persona solicitante de refugio, el recurso asignado era aproximadamente de $361.00 pesos (Hernández, 2023) Como se puede ver, las acciones relativas a la gestión del fenómeno migratorio requieren medidas presupuestales, pero además que vayan dirigidas a las metas diseñadas en el Pacto Mundial, de lo contrario, tales objetivos se convierten en ficción.

A manera de conclusión de este apartado, la aplicabilidad de un tratado, instrumento o pacto siempre dependerá de factores políticos y económicos, tanto en el plano nacional como internacional que, de no desahogarse, terminan por bloquear el cumplimiento de los objetivos y metas originales. Este fenómeno es lo que está experimentando el Pacto Mundial, sobre todo en contextos migratorios regionales como el de Centroamérica-México-Estados Unidos y, en particular, la frontera Tijuana-San Diego.

b) Actualidad y futuro del Pacto Mundial. Principales desafíos y complejidades

En los años trascurridos desde la aprobación del Pacto Mundial han emergido diversos peligros que amenazan la estabilidad y el cumplimiento de sus objetivos deseados y que Cachón (2023) los identifica como: el olvido, el fingimiento, la banalización, la ignorancia y el menosprecio. El olvido refiere al fracaso o la ausencia de repercusión del Pacto Mundial si los países firmantes no actúan de modo consecuente; el fingimiento, hace alusión a las acciones de los Estados en los foros internacionales para dar seguimiento al Pacto Mundial, en los que han presentado informes vacíos para justificar su falta de acción; la banalización, que se entiende como el adorno de discursos sobre políticas migratorias citando la fórmula: “migración segura, ordenada y regular”, cuando las medidas que se están llevando a cabo no corresponden a la lógica del Pacto Mundial; la ignorancia, que expone la respuesta de las organizaciones civiles a este instrumento, con incredulidad y escepticismo, lo que les ha llevado a ignorarlo por completo; finalmente, el menosprecio, que se identifica por la poca seriedad que las comunidades académicas y jurídicas han dado al Pacto Mundial, derivado de su condición de instrumento no vinculante (Cachón, 2023).

Con base en esta tipología propuesta por Cachón (2023), este trabajo centrará su análisis en la banalización y el menosprecio. Es habitual que, en el marco de las relaciones internacionales y, en especial, en el terreno de la suscripción y ratificación de tratados internacionales, se den situaciones de fingimiento o hipocresía, es por ello por lo que, autores como Flores y Salazar (2015), establecen que, las motivaciones que llevan a algunos a Estados a integrarse a un tratado internacional, en ocasiones, se limitan a una imitación de conductas o a simples promesas vacías.

Esto tiene que ver, en mucha medida, a la proliferación discursiva que tienen en el presente los derechos humanos, es decir, a la necesidad por mostrar una cara “bondadosa” o “preocupada” por las personas y sus libertades que orilla a los gobiernos a realizar acciones que den cuenta de ese rostro afable frente a la comunidad internacional (Gutiérrez, 2018), lo que sucede con frecuencia en la regulación y gestión del fenómeno migratorio. Por ejemplo, Torre (2019) ubica muy bien el uso de estas tácticas discursivas por parte del Instituto Nacional de Migración en México en forma de eufemismos, es decir, a través de: “...tanto la ocultación como la tergiversación de la realidad que constituyen sus actuaciones de control migratorio; no sólo se trata de evitar palabras tabú, sino de enmascarar toda una “realidad prohibida” ...”.

Esta práctica se ha tornado recurrente y es preciso erradicarla puesto que, de lo contrario, los instrumentos jurídicos internacionales y todos los esfuerzos de trasfondo serán estériles. Por eso, hay que subrayar la importancia de que los Estados firmantes del Pacto Mundial implementen y pongan en marcha planes nacionales de aplicación que les obliguen a revisar sus políticas y prácticas migratorias a la luz del contenido de este instrumento (Cachón, 2022).

En lo que respecta al menosprecio, resulta oportuno traer a colación una histórica crítica a los tratados internacionales no vinculantes que tiene que ver con su falta de coercibilidad, es decir, de poder forzar a los Estados firmantes a cumplir con su contenido. Este tipo de acuerdos no vinculantes o de soft law se caracterizan por ser instrumentos en los que los Estados no están obligados jurídicamente y, por consiguiente, en caso de violación, no procede reclamación internacional y tampoco generan responsabilidad internacional o consideración para que estos Estados sean llamados por tribunales supranacionales (Mazuelos, 2004).

Por tanto, el cumplimiento genuino y cabal al contenido del Pacto Mundial ha dejado mucho que desear por parte de los Estados firmantes, debido a que, ante la falta de coercibilidad o reclamos internacionales, muchos de ellos han optado por ignorar o simplemente violentarlo sin mesura. El conjunto de estos peligros como la banalización y el menosprecio, amenazan la estabilidad y el cumplimiento de los objetivos del Pacto Mundial.

Para contrarrestarlos, se necesita un esfuerzo coordinado y sostenido de todos los actores involucrados, incluidos gobiernos, organismos internacionales, sociedad civil y sector académico. Solo a través de un compromiso genuino y una acción concertada se podrá asegurar que el Pacto Mundial cumpla con su propósito de promover una migración segura, ordenada y regular a nivel global.